Ya en 1991, estando fuera del poder, a Jaime Lusinchi se le acusaba de graves delitos de corrupción sobre su mandato culminado en 1989. La disputa de Lusinchi era no solo contra la oposición, sino contra los medios de comunicación, claros actores principales de la llegada de Hugo Chávez al poder.
En mayo de 1991 se discute en el Senado el informe de la Comisión Especial para el estudio «de las irregularidades administrativas» en el gobierno del Dr. Lusinchi.
David Morales Bello intervino, esencialmente, para repasar los antecedentes sobre juicios políticos hechos por el Congreso y sostiene los límites constitucionales a los que el mismo congreso está sujeto en esa materia. Señala con frecuencia borrosos límites entre un juicio político y un juicio e investigación policial que compete a otros poderes del Estado. Señala que ya los hechos relacionados con los vehículos rústicos en Miraflores han sido investigados por la fiscalía, que elevó a la Corte Suprema de Justicia el caso, y solamente se espera su dictamen.
Y de nuevo, a DMB le tocó la tarea más compleja: el caso de los jeeps de Ciliberto.
De antemano anticipamos que esta será una serie de varios artículos, pues nos proponemos extraer con pinzas el discurso de DMB en la tribuna de oradores.
Decía Morales Bello que AD no se oponía a ninguna investigación:
«No nos oponemos a una investigación que tuviese que ver con hechos transcurridos durante el gobierno de Jaime Lusinchi, sino que nos manteníamos firmes en la posición que habíamos adoptado en abril de 1980, cuando, al discutirse en ámbito parlamentario el informe`presentado por la comisión de diputados que investigó los hechos del caso Sierra Nevada, habíamos impugnado la procedibilidad de las conclusiones de ese informe, por considerarlas contrarias a la Constitución».
Más adelante expone que un asunto clave: años antes, también se intentó hacer lo mismo en el caso Luis Herrera Campíns, y según alegó DMB, «con la misma firmeza nos negamos a votar esa proposición (…) es con esta misma fundamentación que AD en el Senado, guardando respeto por la seriedad que consideramos comprometida, ha venido al debate hoy a ratificar lo que creemos debería constituir un impedimento de orden jurídico para que se considerara la proposición «declaratoria de responsabilidad política».
Y es que para Morales Bello, por razones técnicas, era imposible discutir un informe que contrariaba los principios de la Constitución.
En los siguientes ocho artículos vamos a extraer pieza por pieza esta crucial intervención del doctor Morales Bello, que desmonta mitos pero también acepta verdades.
David Morales Bello 