En las entregas I y II de esta serie, Acción Democrática se oponía a una especie de enjuiciamiento político por parte del Congreso a Jaime Lusinchi por el caso de los jeeps de Ciliberto donados para la campaña electoral. El orador al bate para la defensa era Morales Bello. Argumentó, a modo de resumen, que primero se estaba violentando el orden institucional, que AD no se oponía a ninguna investigación judicial, y lo más importante: que la tolda blanca se había negado a hacer una cosa similar cuando saltó a la luz el caso del expresidente copeyano Luis Herrera Campíns, ya senador vitalicio. «La mismísima actitud», fue la frase usada por el legislador adeco para desarmar a la oposición.
Seguimos, pues, haciendo una minuciosa revisión de la intervención de Morales Bello en mayo de 1991 en la tribuna de oradores del Congreso sobre esta materia:
«Es con esta misma fundamentación que la fracción de Acción Democrática en el Senado de la República, y guardando mucho respeto por la seriedad que consideramos comprometida, ha venido al debate de hoy a ratificar lo que creemos debe constituir o debería constituir un impedimento de orden jurídico para que se considerara la proposición de declaratoria de responsabilidad política que ha formulado la mayoría de la Comisión Especial encargada de redactar este informe».
Morales Bello se refería a un informe de una comisión ad hoc que revisaba el caso Lusinchi, y cuya conclusión fue proceder con recomendar la declaratoria de responsabilidad política del expresidente, algo que Morales Bello consideraba inconstitucional.
«Creemos firmemente que el debido respeto al orden institucional de la República, debe impedirle a las cámaras legislativas nacionales, o a cualquiera de ellas, incurrir en actos violatorios a la Constitución, en actos nulos por naturaleza, y que, de hacer caso omiso a ese impedimento, el Congreso de la República se colocaría en una posición nada generadora del respeto que debe inspirar y defender. Y aunque estamos conscientes que la aprobación de las proposiciones con las cuales finaliza el informe está decretada desde la misma sesión del 27 de marzo de 1990, porque la composición política de aquel momento es la misma que priva actualmente en el Senado, no podemos guardar silencio frente al reclamo de la historia que nos pide, como partido serio, no caer en la diatriba ni mucho menos en los desahogos personales , y tratar de sostener ante quienes reclaman circunspección y respeto en los altos funcionarios del Estado (y los parlamentarios somos eso) la posición consistente en llamar la atención respecto a algo que, aunque no sea la primera vez que se plantea en el seno del Congreso de la República, no constituye un ejemplo a seguir porque, en todo caso, vendría a ser una costumbre no solo en contra de la Ley (que no es fuente de la Ley) sino contra la Carta fundamental de la República».
Creía Morales Bello que, más allá de las conclusiones de la comisión ad hoc para el caso Lusinchi, lo que estaba en juego era la integridad de la propia Constitución. Y no se podía, en tal caso, guardar silencio frente a semejante situación.
David Morales Bello 