Un asunto de respeto a la Constitución. A la integridad de las instituciones. A la integridad del Congreso mismo, era lo que se ponía en juego para Morales Bello con un intento de declaratoria de responsabilidad política para Jaime Lusinchi por el caso de los famosos jeeps. Ese fue el punto abordado por el legislador adeco en la tercera parte de esta entrega que pretende, en la medida de lo posible, explicar al lector la extensa intervención de David Morales Bello en la que se oponía férreamente a las recomendaciones de la comisión ad hoc designada por el Congreso.
Y no es que Morales Bello estuviera huyendo hacia adelante. Jamás se opuso a una investigación de orden judicial. Su asunto era de fondo jurídico y parlamentario. Era violatorio de la Constitución lo que se pretendía hacer con Lusinchi.
Al respecto, dijo Morales Bello, trayendo a colación más ejemplos que servían como lección para entender la improcedencia de la declaratoria de responsabilidad política e hizo alusión directa al presidente de la comisión investigadora:
«Cuando el senador Eudoro González Romero hacía la explanación del informe, lucía necesitado de defender la competencia de la comisión que presidió, para presentar conclusiones y proposiciones que se resumen en una aplicación de sanción o responsabilidad política para el senador vitalicio doctor Jaime Lusinchi y otros funcionarios del gobierno que él presidió. Y, por eso, el senador González nos decía que conforme a la segunda parte del artículo 139 de la Constitución, en concordancia con el artículo 160, el Senado está facultado no solo para investigaciones de esta naturaleza, sino también para aplicar las responsabilidades que considere procedentes».
Y luego ridiculizó a González Romero:
«La verdad es que resulta respetable el esfuerzo instrumental, existencial, del senador Eudoro González Romero para tratar de comunicarle viabilidad al informe presentado, pero como contra esa posición sustentada por él se levantan todas las enseñanzas que conocemos en el campo jurídico y en el de las experiencias producidas en el jurisprudencial, procede su rechazo, salvo que nos coloquemos en una posición según la cual digamos que al Senado de la República nada le importa la Constitución, que al Senado de la República nada le importa el orden jurídico establecido, porque es un cuerpo político, y como entendemos que la política está investida de la fuerza de la arbitrariedad, arbitrariamente se aprueban las proposiciones porque desde allá, desde el día que se designó la Comisión Especial, existe la fuerza de los votos que permiten hacer lo que ya está convenido».
David Morales Bello 